Contacto

La directora general de Gestión de Derechos Sociales de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Paula Álvarez, participó esta mañana como ponente en una reunión de trabajo sobre Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales del Principado de Asturias, a la que asistieron la concejala de Promoción Social, Nuria Delmiro, además de personal técnico de los servicios sociales del Área III y profesionales de entidades colaboradoras con los ayuntamientos del llamado tercer sector.

Delmiro agradeció la presencia de la directora general en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés en una jornada que servirá para aclarar y profundizar en una ley que tiene por objeto garantizar la cobertura de las  necesidades básicas de las personas que carezcan de los recursos suficientes, así como facilitar la incorporación social y laboral de quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Por su parte, Paula Álvarez explicó que este tipo de encuentros que viene manteniendo con los profesionales y técnicos en los diferentes concejos en el ámbito de los Servicios Sociales municipales, busca aprovechar el momento de desarrollo reglamentario en que se encuentra la ley para "hilar fino" y hacer un buen desarrollo y una buena aplicación de la ley, "hablando con las partes implicadas", en un tema vital para la sociedad como son los derechos y prestaciones para los colectivos más vulnerables.  Se trata de fomentar la implicación de la gestión local en la aplicación de la ley y la atención a la ciudadanía.

Esta norma es una ley que configura el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y tienen como finalidad procurar la cobertura de las necesidades vitales de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad en nuestra comunidad autónoma, diferenciando entre derechos subjetivos y el resto de prestaciones vitales.

La directora asturiana de Gestión de Derechos Sociales explicó que la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones viene desde 2016 y que el objetivo de la misma es "anclar" las ayudas y prestaciones a que tienen derecho los asturianos y asturianas como el salario social, las ayudas contra la pobreza infantil, las ayudas energéticas, etc, independientemente de la coyuntura políticas, de si los fondos vienen de otras administraciones distintas como el Estado. "La ley garantiza que siempre tienen que existir las mismas prestaciones básicas en condiciones de igualdad y en cualquier lugar del territorio asturiano", subrayó Paula Álvarez.

A lo largo de la reunión se puso de manifiesto que esta regulación autonómica consolida y mejora el salario social básico como elemento nuclear del sistema. Presta una atención diferenciada a las nuevas realidades a través de los denominados complementos vitales, destinados a familias con menores y jóvenes, a personas con discapacidad o dependencia y al alquiler de vivienda.

Además, crea un complemento a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas e integra la diversidad existente en la gestión y tipificación de las ayudas de emergencia social y otro tipo de ayudas económicas que han venido surgiendo en los últimos años para cubrir determinados gastos específicos (energéticos, familias con menores, alquiler de vivienda...). Mejora la definición, compatibilidad e integración de las distintas prestaciones y potencia  la coordinación de las diferentes administraciones y organismos competentes en dicha gestión.

Así mismo  introduce un procedimiento más ágil con medidas  como el uso de la declaración responsable y la simplificación de trámites, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de pensiones y actualiza la regulación de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados al salario social.

Nuria Delmiro destacó como hecho  positivo que "la ley reordena las ayudas de emergencia social, cuya gestión corresponde a las entidades locales, poniendo especial énfasis en la atención a la población infantil, el apoyo al acceso y mantenimiento en la vivienda y la garantía energética".

La concejala de Promoción Social agradeció la disponibilidad de la directora general "para coordinarse y aunar esfuerzos en la mejora de la gestión de las diversas prestaciones y servicios compartidos".

La segunda parte de la jornada se dedicó a debatir sobre el alcance de la ley, y a trabajar con ejemplos concretos, porque la puesta en marcha de la ley implicará cambios en las ordenanzas en los temas relacionados con los servicios sociales municipales a la hora de la tramitación de las solicitudes de las diferentes ayudas.

Una de las cuestiones en las que se incidió es que la ley agilizará la tramitación y que por parte de los beneficiarios y beneficiarias de prestaciones tendrán más fácil acceder a las mismas ya que se reducirá la burocracia.