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Como cada día del año, queremos manifestar nuestro firme compromiso con las víctimas de la violencia machista, violencia que debe ser erradicada. Para eso necesitamos el compromiso individual de toda la ciudadanía y el compromiso colectivo de toda la sociedad; no un solo día, si no todos los días del año. La violencia machista nos atañe a todos y todas y nuestra obligación es combatirla con todos los medios, empezando por las diferentes administraciones, cada una desde sus competencias.

Garantizar una vida libre de violencia machista es un objetivo prioritario. No seremos una sociedad plena mientras existan mujeres, niñas y niños, y personas del colectivo LGTBIQ (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer) amenazadas e inseguras, mientras algunas de estas personas acaben asesinadas.

La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que somos; eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación. Todas las personas tenemos derecho a vivir en libertad y a que nuestras vidas no estén en peligro por el hecho de ser mujeres o por nuestra identidad sexual.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no puede avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la materia. Todas las instituciones han de remar juntas en esa dirección, por encima de planteamientos políticos y estrategias. Y para que esto sea posible, hay que dotarlas de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere.

Desde junio de 2018 se han puesto en funcionamiento algunas de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se devolvieron las competencias a los ayuntamientos en la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género y, en agosto de 2019, se estableció el reparto de los 20 millones de euros comprometidos en el Pacto (de los cuales, 31.000 euros le han correspondido al Ayuntamiento de Avilés). Los ayuntamientos son una pieza imprescindible en esta batalla, el primer recurso y, en ocasiones, el único que tienen a su alcance las víctimas.

Tenemos que continuar denunciando la ausencia de políticas educativas igualitarias, la desprotección social y el desempleo que sufrimos en mayor medida las mujeres, la feminización de la pobreza y la insuficiencia de recursos públicos para la prevención, protección y atención a las víctimas: todos ellos factores de riesgo que incrementan decisivamente la violencia contra la mujeres.

Reclamamos justicia y protección. La batalla solo se ganará cambiando las estructuras sociales y, para ello, la educación es una herramienta fundamental. Por este motivo, exigimos programas educativos con enfoque de género, es necesario trabajar con las familias, en las escuelas y en los medios de comunicación, porque aprender valores hace que se forjen conductas. También pedimos que el Gobierno garantice la implantación de la educación afectivo-sexual y los buenos tratos en igualdad -con su correspondiente financiación- dirigida a  la infancia, adolescencia y juventud, que vaya más allá de cuestiones concretas y puntuales y profundice en el respeto de sus cuerpos y los de sus parejas.

Existe una desigualdad histórica que nos sitúa a las mujeres en desventaja económica y social, por ello se tienen que incrementar los recursos públicos y ayudas sociales para lograr autonomía e igualdad real. Frente al acoso laboral es fundamental la sensibilización, la información y la formación, para saber identificar estas conductas e intervenir de manera adecuada en caso que  se produzcan en nuestro lugar de trabajo. También es indispensable que las empresas, organizaciones y centros de trabajo pongan en marcha herramientas y mecanismos efectivos como protocolos de acoso o planes de igualdad.

Pedimos a toda la ciudadanía que se movilice, hombres y mujeres, que nos comprometamos a denunciar estas situaciones y no seguir siendo cómplices. Tenemos que sentir orgullo de conseguir una sociedad más justa para todas las personas y eso sólo es posible viviendo con respeto y en igualdad.

Por todo ello, proponemos:

1. Que las diferentes administraciones públicas continúen impulsando y desarrollando las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los ámbitos educativo, social, jurídico, económico, de protección, concienciación y sensibilización social.
2. Instar a las Cortes Generales a agilizar todos los cambios legislativos que sean necesarios para poder aplicar las medidas contenidas en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
3. Solicitar al Gobierno del Principado de Asturias la creación y puesta en marcha de una unidad de valoración forense integral para el noroccidente de Asturias (partidos judiciales de Avilés, Pravia, Luarca y Castropol).
4. Solicitar las reformas necesarias para extender el concepto de violencia machista más allá de lo establecido en la actual legislación estatal.
5. Apoyo a las convocatorias feministas de otros colectivos y plataformas en lo relativo a la denuncia y condena de la violencia machista.

Consejo Municipal de la Mujer de Avilés