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El Ayuntamiento de Avilés, a través de un Decreto firmado anteayer miércoles, 13 de marzo, por la concejala de Disciplina Urbanística, Sara Retuerto, ha ordenado nuevamente a la propiedad del inmueble ubicado en el número 24 de la calle San Francisco la adopción de medidas cautelares para garantizar la seguridad en torno al mismo.

En concreto, la propiedad dispondrá de un plazo de tres días hábiles -a contar desde la notificación del citado Decreto- para instalar un vallado perimetral de protección en torno al edificio, que deberá estar separado del mismo por una distancia mínima de tres metros. Además, en su parte conlindante con la calle Alfonso VII deberá incluir un cuerpo de andamio con bandeja superior de protección en toda la longitud de la fachada, que permita el paso seguro tanto a dicha vía como al inmueble ubicado en el nº22 de la misma.

Además, la propiedad dispondrá de un plazo de quince días hábiles -también a contar desde la notificación del citado Decreto- para llevar a cabo el desmontaje de todos los elementos inestables de su parte superior que puedan originar desplomes incontrolados de partes del edificio a las vías públicas que lo rodean.

Estas labores de desmontaje deberán limitarse a los elementos "que tengan riesgo de desplome y puedan suponer un peligro para la vía pública". A continuación se deberá "consolidar y cerrar el resto del inmueble, aún cuando se empleen para ello elementos provisionales, los cuales serán adecuados y suficientes para garantizar la ausencia de riesgo de desprendimientos y la adecuada protección del edificio frente a la acción de los agentes atmosféricos".

En el citado plazo de quince días deberá también garantizarse la protección de las porciones de la pared medianera con el edificio nº22 de la calle San Francisco que, como consecuencia de las labores desmontaje, puedan quedar al descubierto.

Los trabajos deberán efectuarse bajo dirección de personal técnico competente, y el vallado perimetral deberá permanecer instalado en tanto que se acometan estos trabajos. La eficacia de las medidas que se adopten habrá de estar avalada por un certificado de seguridad, suscrito por el técnico o técnica que dirija las actuaciones, y deberá estar precedida de la toma exhaustiva de datos que serán tenidos en cuenta en el posterior proceso de rehabilitación.

El Decreto autoriza también la ocupación de vía pública derivada de los medios auxiliares a emplear para la ejecución de las obras, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

Antecedentes

El inmueble ubicado en el número 24 de la calle San Francisco fue declarado en situación de ruina en virtud del Decreto 6008/2020, de 16 de septiembre, ordenando la adopción de determinadas medida cautelares en tanto no se iniciase su rehabilitación, que en la misma resolución se ordenaba señalando para ello un plazo de dos años, previa solicitud de la correspondiente licencias.

Habiendo llevado a cabo la propiedad del edificio un apeo completo por el interior del mismo, mediante el Decreto 6071/2021 de 26 de julio se ordenó la adopción de nuevas medidas cautelares, dirigidas a garantizar la efectividad del referido apeo y a controlar la evolución del inmueble, las cuales incluían revisiones periódicas por parte de técnico/a y la emisión de informes acreditando la suficiencia de las medidas adoptadas. Estas revisiones e informes fueron efectuados con periodicidad mensual hasta febrero de 2022, fecha desde la que no se volvió a presentar ningún informe actualizado sobre el estado del inmueble.

Además, en fechas recientes se recibió la renuncia a intervenir en los expedientes relacionados con el edificio por parte del técnico que hasta el momento había hecho el seguimiento del mismo. Por ello, el pasado 11 de marzo un técnico municipal efectuó una visita de inspección verificando que, en los más de dos años transcurridos, el estado general del inmueble se había deteriorado como consecuencia de la actuación de los agentes meteorológicos, no siendo ya posible visitar las plantas primera y bajocubierta ni, por tanto, verificar el estado de los apuntalamientos y apeos instalados, dado el mal estado de la escalera interior, pero apreciando desde el exterior signos claros del hundimiento de la cubierta.

Todo ello lleva a la redacción de un informe que entiende imprescindible retomar la vía de actuación propuesta años atrás, ordenando las citadas medidas cautelares ya autorizadas por el Servicio de Patrimonio Cultural en 2019.

Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias

En estos años, la propiedad solicitó licencia para la rehabilitación integral del edificio a través de dos expedientes, siendo denegada en ambas ocasiones al recibirse varios informes desfavorables del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

Recientemente, la propiedad presentó un nuevo Proyecto Básico y de Ejecución, que dio lugar a un nuevo procedimiento de licencia, el cual se encuentra en la actualidad pendiente de informe por parte del citado Consejo de Patrimonio Cultural.